Joaquim Bosch trabaja día a día como magistrado en los tranquilos juzgados de Moncada. Sin embargo, desde su cargo como portavoz territorial de Jueces para la Democracia, se ha convertido en los últimos tiempos en una de las voces más críticas y con mayor presencia mediática del panorama judicial español.
El relevo del ex fiscal de Murcia y su denuncia de presiones han revuelto el ya de por si agitado panorama judicial español
Sus denuncias son verosímiles y coinciden con cosas que yo mismo he visto como juez. Hay actuaciones que incomodan al poder, al político o a otros poderes. Además, a diferencia de los jueces, los fiscales no son independientes sino que tienen una estructura jerarquizada en cuyo vértice está un Fiscal General designado por el gobierno que, en la práctica, actúa como un órgano de confianza. Esto es muy peligroso y por eso sería recomendable un cambio en la estructura de la Fiscalía
Pero no debería haber problema, Rajoy dice que la corrupción es cosa del pasado.
No es cierto que sea algo del pasado. Es del presente. Y probablemente del futuro. Existe una corrupción estructural cuyos rasgos provienen de aquel franquismo que reflejó Berlanga en La escopeta nacional. En los inicios de la democracia se pudo haber roto con esos hábitos, pero no se hizo. La dinámica es la misma desde Roldán a Correa: sobornos a políticos para alterar adjudicaciones. Que la dinámica siga igual demuestra que no ha habido voluntad de acabar con la corrupción.
El portavoz del PP dice que los fiscales se inventan delitos y el ministro de Justicia asegura que prevaricar no es corrupción
Los políticos querrían que fuesen las direcciones de los partidos las que juzgaran a sus imputados, por eso atacan a los jueces. En general los partidos han cerrado filas ante la corrupción, en lugar de ir a depuraciones que purificaran algo tantísimos casos. No olvidemos que hay unos 2.000 imputados; estamos a la cabeza de Europa en el número de corruptos y a la cola en el de jueces.
¿Qué falla en la lucha contra la corrupción?
Ha faltado voluntad. Habría que tomar medidas en tres direcciones. Por un lado preventivas. Hay que reformar las leyes para que no sea tan fácil adjudicar los contratos a los amigos. En segundo lugar, es preciso incrementar los medios para perseguirla. Tienen más medios las tramas corruptas que los jueces. Además nuestra legislación procesal no es ágil y tenemos una ley de enjuiciamiento del siglo XIX que no sirve para perseguir la delincuencia política y financiera del siglo XXI. Y por último el castigo como elemento disuasorio. Tenemos penas suaves contra la corrupción. Aquí con la reforma del Código Penal se endurecieron todas las penas, incluso se instauró de forma encubierta la cadena perpetua. Se endurecieron todas, menos las de corrupción.
¿Qué opinas de la sentencia del caso Nóos?
Para mí es positivo que el Estado de Derecho haya actuado cuando mucha gente pensaba que habría impunidad absoluta. Hay una sentencia, aunque pueda tener aspectos discutibles jurídicamente. Por ejemplo, la interpretación sobre si las corporaciones valencianas implicadas eran administración pública o no, que ha permitido absolver a la trama valenciana y rebajar la pena de Urdangarín. La absolución de la infanta también puede ser discutible. En cualquier caso, es importante que no haya existido impunidad.
Si la corrupción no va bien, las libertades no andan mejor. ¿Cómo puede haber tanta gente condenada por un chiste?
Estamos ante un retroceso de las libertades. No es algo aislado. Ahí está la reforma del Código Penal o la Ley de Seguridad Ciudadana. Es preocupante que figuras como la justificación del terrorismo permita penas de prisión por hechos vinculados a la libertad de expresión. Si en este país todas las personas que han contado chistes de Carrero Blanco tuvieran que ir a prisión no cabrían en las cárceles. Se está usando el terrorismo como pretexto para actuar sobre las libertades. Cuando ETA mataba llegaban a la Audiencia Nacional 2 o 3 casos de apología del terrorismo al año. Ahora llegan más de 30. La tercera parte del terrorismo que lleva la Audiencia Nacional son twits y chistes.
¿No dice mucho de la salud democrática de este país que los crímenes del franquismo se estén juzgando en Argentina?
Hubo un debate intenso cuando Garzón inicio la causa por los crímenes del franquismo. Finalmente el Supremo consideró que estas cuestiones habían prescrito o no se podían investigar por la ley de amnistía. Mi impresión es que los crímenes contra la Humanidad son imprescriptibles y que la ley de amnistía, aprobada en un contexto de final del franquismo, no puede dejar sin efecto delitos gravísimos. Hay más de 100.000 víctimas del franquismo en cunetas sin que sus familias puedan recuperar a sus seres queridos. En Alemania o Italia es impensable que aún hubiera demócratas asesinados en cunetas. Esta indefensión de las víctimas es inaceptable.
¿Es inevitable que las leyes siempre estén hechas para los ladrones de gallinas?
La ley no es neutra, depende de los valores de quienes la aprueban. Tenemos un código penal que prevé prisión para el inmigrante que para sobrevivir pone el top manta y solo penas de multa para algunos casos de corrupción. Nuestro código penal criminaliza la pobreza, mientras aplica penas bajas a delincuentes de guante blanco. La sociedad tiene, con razón, una sensación de impunidad porque la delincuencia financiera y política está poco castigada.
Los jueces están poniendo freno a algunas medidas de Trump. ¿Sería imaginable en España una situación similar?
Estados Unidos tiene una marcada independencia judicial. Aquí las interferencias del poder político son históricas. Los partidos se reparten por cuotas el Consejo del Poder Judicial o el Constitucional, mientras el Fiscal General del Estado parece un cargo de confianza del gobierno. Con todo, esto genera más problemas en las cúpulas que en la base. Los jueces de base hacen un trabajo importante. Si hoy hay, por ejemplo, casi 2.000 imputados por corrupción es porque centenares de jueces, con pocos medios y muchas dificultades, han hecho el esfuerzo.
El gobierno afirma que la cuestión catalana es un asunto de legalidad. ¿Es la mejor forma de afrontar el conflicto?
El problema catalán es una cuestión política. El problema de fondo es que hay millones de catalanes que no se sienten a gusto en el estado español. Eso no se resuelve con sentencias, al contrario. Se soluciona con acuerdos políticos, con una nueva configuración del estado. Y la vía judicial solo puede entenderse como un instrumento de no negociación.
Podemos te ofreció ir en sus listas y Ximo Puig te propuso ser conseller. ¿No te tientan los cantos de sirena de la política?
No me lo planteo. Creo que puedo aportar a la sociedad desde mi trabajo en el juzgado y con mis reflexiones públicas en este momento de fuerte tensión para nuestros derechos fundamentales. Lo que yo pudiera aportar en la política lo pueden aportar perfectamente otras personas.
(Entrevista publicada en Cartelera Turia en marzo de 2017)
A este lado del paraíso 